El derecho de petición consigue la información. La acción popular busca que un juez ordene lo que haya que ordenar. Cada uno tiene sus alcances y sus límites, y acá los decimos todos.
Constitución, artículo 23 · Ley 1755 de 2015
Es la herramienta para pedir información y documentos a cualquier autoridad o entidad que administre recursos públicos. Lo puede usar cualquier persona, sin abogado y sin costo.
Constitución, artículo 88 · Ley 472 de 1998
Es el mecanismo para proteger derechos e intereses colectivos. La puede promover cualquier persona y la decide un juez. Aquí están en juego el patrimonio público, la moralidad administrativa y los derechos de millones de usuarios de la vía.
| Aspecto | Derecho de petición | Acción popular |
|---|---|---|
| Qué protege | Tu derecho a que te informen. | Derechos e intereses colectivos. |
| Quién puede | Cualquier persona, sin abogado. | Cualquier persona; es recomendable acompañamiento jurídico. |
| Quién decide | La entidad a la que le preguntas. | Un juez. |
| Cuánto tarda | Un plazo legal para responder (general: 15 días hábiles). | Meses o años: es un proceso judicial. |
| Qué logra | Información y documentos oficiales. | Órdenes para proteger el derecho colectivo. |
| Qué no logra | No ordena devoluciones ni anula comparendos. | No es un cobro individual ni garantiza que cada persona recupere su dinero. |
| Cuánto te cuesta | Nada. | Nada: la campaña asume el trámite. |
“La devolución de recursos no será automática y cada ciudadano deberá adelantar acciones jurídicas contra el organismo de tránsito que impuso la sanción.”
Cuestionar comparendos es el comienzo. La pregunta de fondo es qué pasó con el dinero: quién lo recibió, cómo se repartió y quién responde por él.
Los organismos de tránsito de los 37 investigados: ellos imponen el comparendo y reciben el pago. Entre los de mayores cifras están Cali, con 2,7 millones de comparendos; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil.
Por el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, el 10 % de cada multa pagada financia el SIMIT, que administra la Federación Colombiana de Municipios. El resto va a las entidades territoriales.
El 9 de septiembre de 2026 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la Federación debe devolver $84.752 millones en excedentes y rendimientos del SIMIT a las entidades territoriales.
El País, 9 de septiembre de 2026. Ese fallo ordena devolver dinero a las entidades territoriales, no a los ciudadanos: es un precedente, no una devolución.
De los $1,05 billones pagados por comparendos hoy cuestionados, ¿cuánto recibió cada organismo, cuánto fue al SIMIT, cuánto se pagó a los operadores de las cámaras y cuánto habría que devolver?
Son preguntas, no acusaciones: hoy no hay un desglose público. Es lo que esta plataforma quiere llevar a un derecho de petición, a un juzgado y a la conversación pública, con documentos y no con consignas.
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